El IVA y la Finarianziacion

20 de marzo de 2015, El nuevo día , IVA y “financiarización”
por Enrique Toledo Hernández
Si discutimos sistemas contributivos basados en el consumo, un sistema de impuesto sobre el valor agregado es, por mucho, superior a una impuesto sobre la venta (IVU). Empero, mi propósito aquí es debatir el sistema impositivo basado en el consumo en el actual marco institucional del país. Un sistema impositivo es parte de una estructura de distribución de riqueza. La otra parte de la estructura distributiva está basada, primero, en los gastos de gobierno (en quién éste “invierte”) y, segundo, en la infraestructura legal que el Estado ofrece para estimular o desestimular ciertas prácticas socioeconómicas.
Para dar una alegoría, pensemos que el Estado es como un embudo con una gran abertura arriba que recoge agua y que, abajo, tiene muchísimas bocas de diferentes tamaños donde se va repartiendo esa agua que recoge. El tamaño de esas bocas de abajo representa las prioridades (o privilegios) del Gobierno respecto a cómo distribuye la riqueza colectiva (que recoge por arriba) a los diferentes sectores e intereses, que son “estratégicos”, para sostener un cierto tipo de sociedad.
Hasta ahora, la propuesta de la actual reforma impositiva lo que busca es agrandar la boca de arriba del embudo, pero sin tocar la configuración de las diferentes bocas de abajo que distribuyen desigualmente la riqueza colectiva. Para cambiar las bocas del embudo de abajo hay que cambiar las estructuras económicas y políticas del país, o si no, la reforma impositiva propuesta agravará la situación.
Primero porque Puerto Rico se encuentra en proceso de devaluación interna por sobreendeudamiento. Esto significa que estamos en un proceso de disminución del valor del trabajo (los salarios) y del capital productivo local (las ganancias) por el aumento en el pago de la deuda. Es decir, estamos socavando la capacidad de creación de riqueza de la (pequeña) economía puertorriqueña con pagos crecientes de intereses. Por tanto, no es extraño que la relación entre la captación de las rentas internas del Estado y la deuda pública disminuyera del 30.5% al 22.1% desde el 2006 al 2013, a pesar de todos los nuevos impuestos aprobados. En otras palabras, tenemos más impuesto, recaudos en disminución, pero más deuda, porque la economía genera menos riqueza.
Segundo, la deuda de Puerto Rico en su mayor parte no es resultado de la mala administración o de la falta de ingresos. Es el resultado de la separación creciente entre el endeudamiento público y la economía productiva. La deuda pública, desde hace 40 años, se ha ido desvinculando de la plataforma productiva extranjera que promovimos para vincularse a otra financiera-rentista.
Es decir, por cada dólar que invertíamos en deuda pública para beneficiar al capital extranjero, éste devolvía menos porque estaba desvinculándose del empleo y de las empresas productivas locales y se vinculaba al ingreso rentista de bienes raíces y otros activos financieros. En otras palabras, este capital extranjero, con sus asociados económico y políticos locales, fueron desviando la riqueza pública puertorriqueña (y estadounidense) a sus bolsillos (vía el crédito, las exenciones impositivas, los incentivos, el fraude) sin crear nueva riqueza social.
Este problema no solamente ha ocurrido en Puerto Rico, sino en todos los países desarrollados. La disminución de los salarios en Puerto Rico y de las ganancias de las empresas productivas responde a esta la lógica del capitalismo mundial al que ya no le interesa principalmente crear producción, sino buscar rentas mediante activos financieros. Ello obliga a los gobiernos a moverse hacia implantar sistemas impositivos basados en el consumo (porque ya no recaudan suficiente vía salarios y ganancias productivas) para mantener principalmente la riqueza colectiva nutriendo la ganancia del capital financiero (o el embudo inalterable).
En el caso de Puerto Rico, los sectores de bienes raíces y de manufactura generan un 58% del ingreso interno neto. Pero producen menos del 4% del empleo en la población en edad de trabajar, y los dueños de la propiedad se quedan con más del 92% de ese ingreso.
La reforma impositiva propuesta mantiene inalterable esta estructura de privilegios que crea desigualdad y empobrece al puertorriqueño.

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