Linda Colón, La tarea inconclusa: Pobreza y desigualdad social en el siglo XXI

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La tarea inconclusa: Pobreza y desigualdad social en el siglo XXI
El siguiente ensayo tiene como propósito hacer un análisis de los problemas de la pobreza y la desigualdad social en el contexto del mundo actual. El ensayo consta de tres partes. En la primera de ellas se analiza el problema de la pobreza en el contexto internacional y se da énfasis a los factores que contribuyen al mantenimiento de la desigualdad. Se analiza también la pobreza desde el punto de vista de sus efectos psico-sociales. En la segunda parte se aborda el problema de la pobreza en el contexto de la sociedad puertorriqueña. Se analiza la misma en su interrelación con los factores económicos, sociales y políticos que la mantienen. La última parte del ensayo contiene un resumen del Proyecto de las Comunidades Especiales y sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los sectores pobres que viven en ellas. [Palabras clave: pobreza, desigualdad social, autogestión, capital social, comunidad especial, responsabilidad social empresarial.]
RESUMEN
Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Estudios Generales
Universidad de Puerto Rico
Linda Colón Reyes
: 78-117.
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The purpose of this essay is the analysis of the problems of poverty and social inequality in the context of today’s world. The essay has three parts. In the first part the problem of poverty in the international context is analyzed placing emphasis in the factors that contribute to the maintenance of social inequality. Poverty is also analyzed from the perspective of its psychosocial effects. In the second part, the problem of poverty and Puerto Rican society is addressed. An analysis is carried out of the interrelationship between poverty and the economic, social and political factors that help to maintain it. The final part of the essay contains a summary of the Special Communities Project and its effort to improve the living conditions of the poverty stricken population living in them. [Keywords: poverty, social inequality, self-management, social capital, special community, entrepreneurial social responsibility.]
ABSTRACT
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Mundialmente vienen realizándose numerosos esfuerzos, algunos de ellos infructuosos, por la erradicación de la pobreza. En 1995, 185 países se comprometieron a erradicar la pobreza absoluta y adoptar planes concretos de cambio. Diez años después, las Naciones Unidas informaron que se observan mejoras en muchos países con excepción de los estados pos-soviéticos y el África Subsahariana donde hubo un declive en las condiciones de vida. Aún así la pobreza está lejos de erradicarse, de acuerdo al informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006), el 40% más pobre de la población mundial, equivalente a 2,500 millones de personas, vivían con menos de dos dólares al día. Tales ingresos representaban el 5% de los ingresos mundiales, mientras que el 10% más rico obtenía el 54% del ingreso global. De igual forma más de 800 millones de personas pasaban hambre y 1.100 millones carecían de acceso al agua potable (PNUD, 2006:1).
En Estados Unidos la pobreza también aumentó, el número de personas bajo esos niveles era de 37 millones en el 2005, a lo que hay que agregar más de 10 millones de trabajadores sin permiso. Los puertorriqueños residentes en Estados Unidos se encuentran junto con los indios americanos, en las peores condiciones de pobreza en ese país. En Puerto Rico a su vez, 1, 718,373 personas viven en la pobreza (Censo Federal: 2005).
Diversos economistas y planificadores han señalado que la globalización del capital y las políticas neoliberales de las últimas décadas, aunque han contribuido a que algunas economías se expandan y crezcan a ritmos acelerados (China, Irlanda, Chile), también mantienen a los países en desarrollo en una lucha y vulnerabilidad muy grandes para mejorar sus condiciones y calidad de vida. El problema de la pobreza está atado indisolublemente a las estructuras económico-políticas y a los modelos de desarrollo que se siguen. Pese a que la economía mundial crece y se han producido avances significativos en materia de medicina y tecnología, muchas personas de los países en desarrollo no cosechan los frutos de la globalización.
La Organización de las Naciones Unidas, en su Informe sobre el Desarrollo Humano de 2005, señaló la importancia que tiene para una sociedad erradicar o disminuir la desigualdad y la pobreza. Las desigualdades se heredan y traducen en desventajas de oportunidades basadas en diferencias de riqueza, género y origen étnico y racial. Es por esto que el progreso dentro de una sociedad debe medirse no sólo a partir de los macro indicadores (PNB, PIB, IP) sino también a partir de la distribución interna de los recursos y de las distancias y oportunidades
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reales de quienes viven en desventaja para salir adelante.
En una sociedad, las oportunidades que determinan cómo se distribuye el ingreso, la educación, la salud y las oportunidades de vida más generales no están distribuidas de manera aleatoria… Por ello, reflejan complejas jerarquías de ventajas y desventajas transmitidas de generación en generación (PNUD, 2005: 57).
En la mayor parte de los países se repite la situación de que el progreso alcanzado por el 20% de la población más pobre está muy por debajo del promedio nacional. En Estados Unidos por ejemplo, la pobreza es racista. De acuerdo a la Encuesta de Hogares realizada por el Censo Federal en el 2005 el índice de pobreza para el país subió a 12.7%. Cuando se desglosa el índice entre los diversos grupos étnicos y raciales existe una clara discriminación racial y étnica entre los grupos que están bajo niveles de pobreza: 8.6% blancos, 9.8% asiáticos, 21.9% hispanos. 24.3% indios americanos y 24.7% africanos.
La corrección de las desigualdades y las ideas que tenemos sobre ellas está fundada en valores. Aunque damos por sentado la igualdad de derechos y de libertades civiles ante la ley, lo cierto es que en lo cotidiano estas igualdades no se traducen en condiciones de vida que permitan su ejecución. Por lo tanto el análisis de las privaciones y los límites en que viven aquellos que enfrentan la pobreza es absolutamente necesario para entender la diversidad de problemas económicos, psico-sociales y políticos que enfrentan las sociedades. Bernardo Kliksberg en su libro Más ética, más desarrollo (2004), y las Naciones Unidas en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2005 enfatizan que la desigualdad social y la pobreza sí importan dentro de una sociedad, no sólo desde el punto de vista moral y ético, sino también por sus consecuencias para el bienestar humano en la misma. Es evidente que a mayor desigualdad social, mayor número de problemas sociales y violencia. La desigualdad y la pobreza no se experimentan de manera aislada, éstas conllevan estructuras de desventajas que se refuerzan y acompañan a las personas durante la vida y se transmiten de generación en generación. Veamos algunos ejemplos de cómo operan las mismas.
Las noticias, Puerto Rico, 15 de junio 2007:
Caso 1
Un joven de 19 años es arrestado y confiesa haber asesinado a un médico de 31 años que le ofreció comprar sus servicios
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sexuales por $50.00. El joven desempleado, con antecedentes de venta de drogas y confinamiento en una institución juvenil, acababa de tener una discusión con su pareja por la falta de empleo y dinero. Inicialmente accedió a la petición del médico, pero dice que luego se arrepintió y le solicitó que lo llevara a su casa. La situación terminó en el asesinato del médico. El médico era un joven ejemplar proveniente de una familia pobre que había logrado educarse.
Caso 2
Una joven llama a las noticias de un canal televisivo para solicitar ayuda pues lleva dos semanas durmiendo en su carro en el estacionamiento de un centro comercial. Informa que aunque tiene un trabajo a tiempo parcial, el dinero que gana no le alcanza para pagar la renta y el carro. Dice que escogió quedarse con el carro porque su mamá está en una institución y no tiene quien le ayude. Tiene una niña pequeña y no sabemos nada del padre. Le solicita al gobierno que le provea un techo seguro.
Estos dos casos son ejemplos de circunstancias de la vida diaria causadas por la pobreza y la exclusión que llevan a personas desesperadas a tomar decisiones igualmente desesperadas y equivocadas.
Efectos psico-sociales de la pobreza
Los quebrantos socioeconómicos de la pobreza llevan aparejados problemas sociológicos y psicológicos. En muchas ocasiones pasa desapercibido el daño psicológico causado por la inseguridad de empleo, los bajos salarios, el exceso de horas de trabajo y la impotencia generada por estas situaciones. En condiciones de desempleo el estrés de la pobreza es aún mayor. Diversos estudios de la vida de los trabajadores y desempleados revelan patologías relacionadas con el estrés crónico de la pobreza: altos índices de depresión, adicciones de distinto tipo, violencia doméstica, rupturas familiares, maltrato infantil y conductas antisociales. James Petras opina que la impotencia social y política del individuo genera impotencia personal que se expresa en la pérdida de autoestima y en trastornos sexuales, entre otros. La rabia de torna hacia el interior y se generan comportamientos autodestructivos. Petras plantea que las organizaciones colectivas, bajo la forma de asociaciones que llevan a cabo exigencias colectivas, incrementan
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la autoestima, aumentan la solidaridad, crean perspectivas sociales y tienden a reducir la anomia (Petras, 2002: 2).
La pobreza genera efectos que podrían compararse con el efecto del colonialismo interno en las sociedades. En la mayor parte de los países las élites en el poder no sólo pertenecen a la burguesía, sino que además son blancas y masculinas. Los grupos mestizos, negros, indios y mujeres están excluidos o muy poco representados en el poder. Los grupos que viven en la pobreza experimentan la desigualdad a través de la segregación en la vida cotidiana, en los barrios y en los servicios que reciben. Tanto los sectores pobres como los demás crean imágenes, basadas en prejuicios y mitos cuya veracidad no es comprobada. James Petras en su artículo, “Los efectos perversos del capitalismo salvaje” (2002), hace alusión a los efectos psicológicos profundos y negativos que la opresión política y económica ejerce sobre los individuos cuando estos están, atomizados (separados) en sus luchas y no identifican claramente quién es su enemigo.
Es necesario destacar el efecto del miedo con que viven aquellos que residen en comunidades donde la violencia generada por el tráfico de drogas tiene efectos devastadores en la salud mental. Los niños de estas comunidades, sobre todo los varones, atestiguan el temor que sienten en las escuelas y en sus barrios de ser atacados por grupos rivales. Es el mismo miedo que sufren las madres por la posibilidad de perder a sus hijos asesinados o encarcelados.
Trabajo, el no trabajo y la pobreza
El trabajo es la actividad central que nos permite la humanización, y la transformación de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. El trabajo es también el organizador de nuestras vidas, del ocio, del nivel de vida, del retiro y de la organización familiar. Pero también el trabajo es fuente de alienación ya que en la época actual no hay trabajo para todos o el mismo es fuente de explotación para la mayoría. La pérdida del trabajo provoca sufrimientos, inseguridad y deudas. Los desempleados son víctimas, pero se convierten en ciudadanos de segunda degradados en el mercado de consumo (Gorz, 1998; Petras, 2002). El rechazo que experimentan quienes buscan empleo infructuosamente es interpretado y experimentado como un fracaso personal. Se buscan entonces cuáles son las características necesarias para ser exitosos en la inserción en el empleo.
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La pérdida de empleo o los salarios de miseria dan lugar al colapso del estilo de vida, a la pobreza, al aislamiento, a la intensificación de los conflictos familiares y a una sensación de impotencia. Las crisis económicas del neoliberalismo, en particular el aumento del desempleo y la proliferación de los trabajos mal pagados e inseguros, tienen múltiples efectos, que se extienden más allá de las condiciones materiales de vida y afectan tanto al ser social como a las relaciones más íntimas de los individuos que las sufren. (Petras, 2002: 2)
Como se observa a diario en nuestra sociedad, la hostilidad reprimida en contra del poder se descarga contra aquellos que se encuentran bajo la tutela o junto a adultos que experimentan la frustración; los niños, las mujeres, los viejos y amigos sufren las consecuencias de la misma. Sin embargo, la frustración puede canalizarse en otra dirección si el-la trabajadora socializa su descontento y dirige su hostilidad hacia la organización de movimientos sociales y a la creación de capital social. Petras señala que la acción social a través de movimientos de desempleados o asambleas populares proporciona dirección y ayuda a vencer el sentido de impotencia. “Las nuevas relaciones creadas por los lazos sociales de solidaridad de clase disminuyen la alienación encarnada en relaciones corporativas y en las jerarquías estatales.” (Petras, 2002: 3).
En los países donde el welfare state ofrece las ayudas necesarias para sobrevivir, se han creado entre algunos, formas de dependencia del Estado que tienen consecuencias igualmente desastrosas en términos psicológicos y sociales. En la medida en que varias generaciones de familias mantienen patrones de exclusión del sistema educativo y del trabajo se reproducen conductas alienadas y de graves conflictos sociales. El desempleo empuja a sectores a incorporarse en la economía de la droga y el crimen organizado.
Desarrollo, desigualdad y pobreza
El crecimiento de una economía no implica necesariamente un mayor bienestar para los sectores pobres, a menos que el Estado y la sociedad planteen como su prioridad destinar recursos a reducir su pobreza y la exclusión que ella conlleva. La pobreza y la desigualdad son perjudiciales para todos, en todos los sentidos.
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La extrema desigualdad no sólo es perjudicial para la reducción de la pobreza, también lo es para el crecimiento. La eficacia a largo plazo y una mayor igualdad pueden ser complementarias. La gente pobre sigue siendo pobre en parte porque no puede pedir prestado dinero con el aval de ganancias futuras e invertir así en producción, en educación para sus hijos ni en activos que disminuyan su vulnerabilidad. Además, los endebles derechos de tenencia de la tierra y el limitado acceso a la justicia pueden ser otro impedimento más para la inversión. Desprovistos de bienes públicos, por ejemplo de información y derechos legales, a los pobres se les niegan oportunidades que les permitan contribuir al crecimiento. Entran a los mercados en términos desiguales y salen de ellos con recompensas también desiguales. Allí donde las desigualdades fundadas en la riqueza, el género o la región dejan a un importante sector de la sociedad sin suficientes activos ni recursos, es la sociedad entera la que sufre las consecuentes ineficiencias de tal situación. (PNUD, 2005:59)
Como bien señala el informe del PNUD, las desigualdades debilitan las instituciones económico-sociales y la legitimidad política de los partidos. Los partidos políticos que no consideran la participación de los sectores carentes de poder económico debilitan la capacidad democrática de la sociedad. Es por tal razón que las políticas públicas tienen que tener entre sus objetivos la eliminación de las desigualdades injustas mediante la creación de leyes, instituciones y alternativas reales que permitan reducir la brecha de la desigualdad. La posibilidad de salir de la pobreza está condicionada por los niveles de desigualdad imperantes. En la medida que se toman decisiones públicas que profundizan la desigualdad, mayor es la dificultad para superar la pobreza.
Uno de los instrumentos que se utiliza para medir la desigualdad social lo es el coeficiente Gini. A partir del mismo se estudia y compara la participación de los pobres en la riqueza nacional. Mientras más alto es el coeficiente Gini, menor es la proporción del ingreso nacional que le llega a los sectores más pobres de la sociedad. De acuerdo al PNUD en los últimos veinte años hubo un crecimiento en la desigualdad al
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interior de la mayor parte de los países. De los 73 países de los que se posee información, en el 80% se ha visto crecer la desigualdad; tal ha sido el caso de Puerto Rico. Sólo el 4% o 9 países han visto disminuir la desigualdad en los pasados años. Así por ejemplo en Brasil el 10% más pobre recibe el 0.7% del ingreso y el 10% más rico el 47% del mismo.
En Estados Unidos, por otra parte, el 32.7% de las ganancias netas eran controladas por el 1% de la población en el 2001 (Kraybill, 2006:1). En este país también, el coeficiente es 0.47 comparado con 24.7 en Dinamarca, .25 en Suecia y 32.7 en Francia. De acuerdo a las estadísticas publicadas por la revista Time en el 2006, de los 132 millones de los norteamericanos que pagaron impuestos y recibieron reembolsos, el 90% tenía ingresos menores de 100,000 dólares. A su vez, sólo el 0.5% tenía ingresos mayores de 500,000 dólares al año y únicamente 9,677 personas tenían ingresos mayores de 10 millones de dólares al año. Se destaca entre estos, el millonario Bill Gates, quien contaba con una fortuna de 56 billones de dólares en el 2006 (Adams et al., 2006:48). Otros datos provenientes del Censo Federal de 2005 dan cuenta de la desigualdad al señalar que el condado más rico de Estados Unidos era New York y tenía un ingreso per cápita de $84,044 anuales, mientras que el condado con el ingreso per cápita más bajo lo era Star County en Texas con un ingreso de $10,805.00. El de Puerto Rico en el 2005 era de 9,693.00 dólares (Censo, 2005). Aunque los datos no son equivalentes al coeficiente Gini, sí nos brindan una idea de la enorme distancia de desigualdad que separa a la población norteamericana, siendo EE.UU. el país más rico del mundo, y aunque exhibe una mayor desigualdad social.
Como ya señalara, entre los factores que en esta época contribuyen al mantenimiento y a veces a la profundización de la pobreza, se destacan la distribución de las ganancias y el precio al que se vende la fuerza de trabajo. De acuerdo a André Gorz en los años ochenta los dos tercios del crecimiento económico estadounidense fueron acaparados por el 1% de la población activa. En 1994, un CEO ganaba, en promedio, 187 veces más que un obrero o un empleado. Este promedio se elevó de 41 veces más en 1975 a 145 veces más en 1992. En el 2006 la revista Time publicó una lista de cuánto tiempo les toma a distintas personas ganar $1,000. Los resultados se muestran en la Tabla 1.
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Tabla comparativa por ingreso y tipo de trabajo (2006)
Persona                                Tipo de trabajo                             Tiempo para ganar $1,000.00

Howard Stern                  Conductor de programa radial               24 segundos
Brad Pitt                                          Actor                                       4. 48 minutos
Kobe Bryant                      Jugador de baloncesto                         5.30 minutos
Ejecutivo en jefe Promedio EE.UU.                                                2.55 horas
Policía  43 horas    Maestra 43 horas   Agricultor 57 horas   Conserje Gobierno  103 horas
Fuente: Time Magazine: 30 de octubre de 2006.
Un obrero asalariado que gane $5.15 la hora tiene que trabajar 185 horas para obtener mil dólares de ingreso bruto. Las cifras anteriores permiten comprender claramente de qué se trata la distancia económica experimentada en nuestra sociedad.
Además, en términos del trabajo, se observa una disminución de las oportunidades de empleo para los trabajadores más pobres. Los obreros poco diestros deben competir por puestos de trabajo que pagan bajos salarios y gran parte de ellos entrarán a formar parte de las filas del desempleo en momentos de contracción del mercado. Tal estructura de empleos permite restablecer las condiciones sociales de trabajo a destajo, sin las licencias, los seguros, vacaciones e indemnización que prevalecían en el siglo XIX.
Finalmente, es necesario destacar que los sectores pobres deben pagar más caro que nadie por lo que compran y que existe un amplio mercado destinado a extraer de estos hasta su último centavo. Tal es el caso de las financieras destinadas a realizar préstamos a los que no tienen crédito, a quienes les prestan con intereses entre el 25 y el 29%. En esta misma esfera entran las tarjetas de crédito y los préstamos estudiantiles que son ofrecidos a todo el mundo. Para aquellos que se atrasan o dejan de pagar estas deudas implican altas tasas de interés compuesto y en muchas ocasiones la pérdida del dinero que han invertido en la compra.
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La revista Business Week en el artículo “The Poverty Business” (Grow y Epstein, 2007), explica que en Estados Unidos los trabajadores pobres son víctimas de tiendas y financieras que le venden sueños a personas cuyos salarios apenas les alcanzan para comer y pagar la renta. Los pobres y familias de ingresos medios bajos pagan mucho más por todo y además es un buen negocio. El artículo señala que los datos de la Reserva Federal muestran que en 1989 quienes ganaban menos de $30,000, pagaban por un préstamo de auto un interés anual promedio que era 16.8% más alto que el que pagaban aquellos con ingresos mayores de $90, 000 anuales. En el 2004 esa diferencia había aumentado 56.1% (Grow y Epstein, 2007:58). Lo mismo ocurrió con los préstamos de hipotecas, la diferencia entre grupos sociales aumentó de 6.4% a 25.5%. En los pasados años corporaciones tales como Bank of America, Compu Credit Corp y BlueHippo Funding se han expandido agresivamente entre los trabajadores de bajos ingresos, aún entre aquellos con historial de crédito deficiente. Aunque los salarios de los trabajadores se mantienen congelados, las deudas de estos exceden sus ingresos desde el 1980. El acceso al crédito puede ayudar al individuo, pero en muchos casos se convierte en una trampa que no le permite movilidad social. Los vendedores evalúan a los trabajadores pobres con personas de alto riesgo y por ejemplo, les venden: un auto de $7,922 al 24.9% de interés; los servicios de llenar la Planilla de Income Tax Refund al 10.4%; una computadora de $800.00 en $1,348.00; y, una Visa con $199.00 en cargos iniciales para una línea de crédito de $300.00 comenzando al 21% de interés (Grow y Epstein, 2007:61). Situaciones como estas impiden que los pobres acumulen bienes o tengan acceso a la compra de viviendas y puedan dejar herencia a sus hijos que les permitan romper el ciclo de la pobreza.
En Puerto Rico, Wal-Mart anunció que expandirá sus servicios financieros para atraer a los clientes sin cuentas de banco, es decir los pobres. Su plan es introducir una tarjeta de débito prepagada, destinada a consumidores de bajos ingresos, e instalar centros de cambio de cheques, pago de facturas y giros. Wal-Mart calcula que el 20% de sus clientes no tienen cuentas corrientes, a través de su tarjeta los clientes podrán transferir sus cheques de salarios directamente a sus tarjetas y hacer compras en cualquier detallista que acepte las tarjetas Visa, pagar cuentas o usar cajeros ATM. En otras palabras funciona como un banco, sin ser uno (Barbaro y Dash, 2007:10)
Las Naciones Unidas informan que mejorar los ingresos del 20% más pobre transfiriendo el 5% del ingreso de los más ricos tiene el potencial de transformar y disminuir rápidamente las tasas de pobreza.
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La disminución de la pobreza tiene el beneficio de aumentar el crecimiento de toda la economía.
El ciclo de privación se transmite de generación en generación. Recibir bajos ingresos o estar desempleado y las disparidades en materia del acceso a la educación y servicios médicos separan al individuo promedio del que vive en la pobreza. Estos últimos mueren más jóvenes y se enferman con mayor frecuencia. Así por ejemplo, los hombres del 5% superior en la distribución de ingresos en Estados Unidos viven aproximadamente 25% más que los hombres del 5% inferior. De igual forma, la tasa de mortalidad infantil de los afroamericanos de Washington, D.C. es comparable a la de Karala en la India (PNUD, 2005:65).
La medición de la pobreza
Realizar un análisis de la desigualdad social y la pobreza tanto a escala nacional como global, presenta una serie de dificultades. El primer gran reto es determinar el método idóneo de medición y los indicadores que deben utilizarse para ello. Existen diversos tipos de indicadores que nos permiten analizar la pobreza. Entre ellos, los indicadores referentes al crecimiento macroeconómico, los indicadores de carácter demográfico y los de carácter social, entre otros.
En los pasados años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tratado de crear otro tipo de indicadores que, además de medir crecimiento económico, consideran la medición del bienestar social. Con tal propósito han establecido que los niveles de pobreza de una sociedad deben poder medirse conforme al disfrute y acceso que tienen sus miembros a factores de desarrollo humano.
El Human Development Report de 1997 estableció como su meta erradicar la pobreza medida y vista desde la perspectiva del desarrollo humano. Este informe se concentró en la pobreza, no sólo desde la perspectiva del ingreso, sino también en la pobreza como la negación de escoger y de tener oportunidades de vivir una vida tolerable y digna. Desde estos puntos de vista el informe estableció que la pobreza debe ser atendida en todas sus dimensiones y no solamente como un problema de bajos ingresos. Por lo tanto se deben utilizar indicadores de las dimensiones básicas de la deprivación tales como: una vida corta, ausencia de educación básica, y falta de acceso a los recursos públicos y privados. Para erradicar la pobreza se plantearon varias prioridades de acción que deben llevarse a cabo, entre ellas:
1. La participación de la población en las decisiones que afectan sus vidas. Las personas y comunidades pobres deben descansar en su
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propia energía y creatividad para luchar y ganar la batalla contra la pobreza.
2. La igualdad de géneros y el desarrollo del poder de las mujeres es necesario para escapar de la pobreza. Las mujeres deben tener voz en la toma de decisiones, en la creación de oportunidades de empleo y crédito y en la finalización de la violencia y el discrimen en su contra.
3. La reducción de la pobreza requiere de un crecimiento económico a favor de los pobres en todos los países y el desarrollo de políticas de mercado que consideren a los sectores pobres.
4. Se deben manejar las oportunidades que ofrece la globalización con cuidado de forma tal que se tome en cuenta la equidad global.
Como ha señalado la ONU, para combatir la pobreza es necesario establecer una política gubernamental que establezca como una de sus prioridades trabajar con sus soluciones (Human Development Report, 1997:3-50).
Nuevas y viejas formas de supervivencia
C.K. Prahalad en su libro The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits, señala que los pobres representan un mercado latente que puede ser una oportunidad para el sector privado y la innovación. Hay mucha riqueza en la base de la pirámide y de lo que se trata es de canalizar la misma a favor de los pobres creando oportunidades de inversión y crecimiento. Desde su perspectiva, el peor daño que han hecho las grandes corporaciones es ignorarlos, en la medida en que los pobres no pueden participar de los bienes y servicios de la globalización. C.K. Prahalad señala y ejemplifica la existencia de proyectos innovadores en los que el capital puede crear oportunidades de negocios en las que tanto el sector privado, como aquellos que están en el fondo de la pirámide salgan beneficiados. (Patrimonio Hoy, CEMEX), (Casas Bahía Brasil). Dentro de su lógica los pobres tiene dinero para gastar, que aunque es poco, como son muchos representan un gran potencial. Los mercados de los sectores pobres deben ser integrados al éxito de las firmas y corporaciones transnacionales (Prahalad, 2006).
Como ya explicamos, los pobres pagan más y más caro por lo que consumen. Esta penalidad por la pobreza es pagada en todas partes del mundo. Desde esta óptica se exige la toma de responsabilidad social por parte de los empresarios por lo que provocan sus externalidades (y creo que la pobreza podría incluirse como una de ellas). Ello implica entender que la pobreza es causada en buena medida por su voracidad y que su indiferencia frente al sufrimiento ajeno constituye una falta ética.
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Los casos de Enron en Estados Unidos, los empresarios con Rosselló en Puerto Rico, Fujimori en Perú y Menem en Argentina demuestran, el alto costo que tiene para el pueblo la trasgresión ética de las corporaciones y los funcionarios públicos.
Otros autores y organizadores comunitarios han planteado y llevado a la práctica proyectos de autogestión que han permitido generar y canalizar recursos a favor de los sectores pobres. El más antiguo de estos proyectos lo es el cooperativismo que exhibe grandes éxitos en numerosos lugares (Mondragón, España, Filadelfia, Paraguay). Siguiendo esta línea de acción se ha comenzado a plantear la necesidad de valorar otros factores como el capital social acumulado en las sociedades. La construcción del capital social es la base para que predominen los valores éticos, la capacidad de asociarse y la confianza entre los miembros de la sociedad. Bernardo Kliksberg (2004) señala que el capital social está constituido por el grado de confianza existente entre los actores de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociacionismo. La superación del problema de la pobreza descansa también en la capacidad de los sectores pobres para dialogar y reconocer sus fortalezas, pero también en la capacidad de actuar en cooperación, armar redes y asociaciones de todo nivel. Frente al tipo de capitalismo devorador de seres humanos, se plantea el reto de otro tipo de capitalistas que incorporen la responsabilidad social empresarial a fin de respetar el ambiente y crear condiciones de mayor igualdad social. Los sectores de mayor radicalismo opinan que esto es pedir que un árbol de aguacates produzca sandías, pero lo cierto es que existen casos exitosos de este tipo de alianzas. Las investigaciones demuestran que aquellas familias y comunidades con un nivel elevado de capital social logran obtener resultados y condiciones de vida más favorables.
La pobreza en Puerto Rico: siglo XXI
El enclave industrial y la desigualdad
El siglo XXI comenzó con malas noticias para los puertorriqueños; lo que muchos economistas habían pronosticando se hizo realidad. Desde la década de los setenta científicos y analistas sociales de la Universidad de Puerto Rico, tales como Carmen Gautier, Joaquín Villamil, Francisco Catalá y Emilio Pantojas, entre muchos otros, predijeron que ocurriría la actual debacle si no se tomaban las medidas correctas en la economía, educación y organización social. En aquel entonces Joaquín Villamil hablaba de los límites del crecimiento económico y diferenciaba entre
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crecimiento y desarrollo, enfatizando que Puerto Rico no se estaba desarrollando sino creciendo, y que lo hacía en dirección a un callejón sin salida. Carmen Gautier, por su parte, argumentaba que el crecimiento de nuestra economía era uno artificial que estaba basado en cuatro pilares: un modelo de enclave industrial fundamentado en la atracción de empresas de capital norteamericano que no generaba empleos suficientes y que exportaba millones de dólares en ganancias hacia Estados Unidos, sin pagar o pagando muy bajos impuestos; un gobierno que se veía obligado a generar empleos para garantizar el crecimiento y el consumo, que apenas alcanza para mantener a flote a los partidos políticos que se turnan en el poder; la expansión del uso de fondos federales para proveer los servicios y prestaciones sociales del Estado y; la expansión de la deuda pública y privada a fin de mantener el crecimiento en la inversión en infraestructura.
El modelo económico, social y político establecido en la década de los cincuenta tenía fuertes vicios de construcción que comenzaron a ser evidentes hace mucho tiempo. Pasaron varias recesiones en que casi se vino abajo, pero la capacidad de emitir deuda y los fondos federales mantuvieron el gobierno a flote. La sección 936 del Departamento de Rentas Internas Federal de Estados Unidos que había brindado beneficios contributivos a las corporaciones norteamericanas, llegó a su fin y la deuda pública utilizada para cuadrar el presupuesto, ya no puede usarse con tanta libertad. Socialmente el desgaste de las esferas económicas se deja sentir en los altos niveles de desempleo, la criminalidad, la deserción escolar, la corrupción y la anomia reinantes. Políticamente, los partidos tradicionales ya muy desgastados y sin nuevas propuestas, se acusan mutuamente y son acusados por los tribunales federal y nacional, por actos de corrupción en la administración del sector público.
El siglo XXI se inició con una fuerte recesión de la economía norteamericana y sus efectos pronto se dejaron sentir en Puerto Rico. Durante el primer cuatrienio del 2000 la administración del Partido Popular Democrático, con Sila Calderón como gobernadora, comenzó a enfrentar los cierres de las fábricas, trató de capear la tormenta y mantuvo a “flote” la situación económica incrementando la deuda pública. A partir del 2005 la situación se tornó aún más grave debido al cierre de un número mayor de fábricas, el fin de la sección 936, la ausencia de un nuevo estatuto fiscal federal que sustituyera el modelo anterior, y el comienzo de un gobierno “com-partido” entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático que precipitó la crisis fiscal que ya se venía arrastrando.
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En los pasados cincuenta años la sociedad y la economía puertorriqueña experimentaron profundas y rápidas transformaciones. Ente ellas se destacan la conversión del país en uno industrializado, urbanizado y el mejoramiento de los indicadores de salud, vivienda, educación, ingreso, incorporación de la mujer en la economía, bajas en la tasa de pobreza y desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, todos los informes y análisis económicos coinciden en que el crecimiento no ha sido efectivo en la creación de los empleos suficientes para la mano de obra existente. Por tal razón la emigración de más de la mitad de la población a Estados Unidos sigue siendo la alternativa para muchos. De acuerdo al informe del General Accounting Office de 2006, en las décadas de los ochenta y noventa se registró una emigración neta de 126,000 y 111,000 personas respectivamente, y en la actualidad viven en Estados Unidos alrededor de cuatro millones de puertorriqueños de varias generaciones.
Los economistas coinciden en que el modelo económico de atracción de empresas comenzó a agotarse a mediados de la década de los setenta y que, aunque el país experimentó tasas de crecimiento de más de un 6% entre los años cincuenta y setenta, posteriormente su crecimiento ha estado en descenso. En palabras de Francisco Catalá:
… no es la morosidad del crecimiento económico la señal más preocupante, los indicadores más ominosos son los que se asocian a la hipertrofia. Ésta se manifiesta de innumerables maneras: dependencia del capital externo acompañada de una extraordinaria remisión de ganancias; falta de eslabonamiento sectorial e interindustrial; bajas tasas se participación laboral con desempleo crónico; desproporción entre la compensación a los empleados y el rendimiento del capital; creciente economía subterránea en la que sobresale el componente criminal vinculado al trasiego de drogas; degradación ambiental; abandono y deterioro de los cascos urbanos junto a un desordenado proceso de expansión urbana en un país que tiene 3.9 millones de habitantes, … 428 personas por km. cuadrado, carencia de un sistema de transportación colectiva y más de dos millones de automóviles … mezquindad en el espacio de consumo de bienes públicos, transportación, salud, educación, cuando se compara con el ostentoso espacio privado de consumo, cuyo emblema muy bien puede ser los
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cerca de 30 millones de pies cuadrados de cómodos centros comerciales en los que cabe, … si se apretuja, toda la población de Puerto Rico. (Catalá, 2007: 24)
Capital local, riqueza y desigualdad social
La economía de Puerto Rico genera grandes ganancias para varios sectores monopólicos del capital internacional y del capital local. En el área manufacturera la economía continúa descansando en la inversión en la industria farmacéutica. En Puerto Rico están representadas veinte de las compañías manufactureras de medicinas más importantes del mundo. En el 2005 éstas informaron ventas locales de 1.7 billones de dólares de los 551 billones en ventas alrededor del mundo. Estas ganancias son exportadas a Estados Unidos y contribuyen relativamente poco a mejorar las condiciones de pobreza de las comunidades donde muchas de ellas se encuentran enclavadas. (Caribbean, 2006: 241)
Este sector no ha contribuido a incrementar el número de empleos, aunque es una industria de gran inversión de capital. La manufactura proveyó 120,000 empleos en el 2003 y representó el 43% del producto nacional bruto, (33.9 billones de dólares) A su vez estas industrias han hecho informes que distorsionan la información real de la producción. En palabras del informe de 2005 del General Accounting Office:
Over the years, several analysts have concluded that the incentives provided by the possessions tax credit have led U.S. corporate groups to shift income to Puerto Rican affiliates.
The value of pharmaceutical exports rose rapidly as a share of merchandise exports-from about 27% to about 61 percent. As a percentage of GPD, the value of pharmaceutical exports rose from 14 percent to 42 percent. However, … a significant portion of the recorded increase in Puerto Rico’s trade surplus may reflect changes in transfer pricing, with artificially low values for Puerto Rico’s imports and high values for Puerto Rico’s exports, rather than increased activity. (GAO, 2006: 63,68)
En el 2006 las corporaciones que operaban en Puerto Rico obtuvieron 54,800 millones de dólares en ingresos, tanto por concepto del comercio exterior como por concepto de la producción. (Irizarry, 2007: 32)
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De acuerdo al Caribbean Business, en el 2006 en Puerto Rico había cuatrocientas grandes corporaciones de propiedad local. Éstas se definen como corporaciones con 10 millones de dólares o más en ingreso, cuyos dueños sean residentes en Puerto Rico y posean más del 51% de las acciones. Entre las ventas al detal las corporaciones locales representaron el 18.5% de las mismas. Es importante destacar que entre las 400 corporaciones locales, sólo el 4.68% se dedican a la producción manufacturera. De acuerdo al Caribbean Business estas corporaciones obtuvieron 29.29 billones de dólares en ingresos (revenues) en el 2006. Las corporaciones insertas en el sector financiero son las de mayor predominio, contribuyendo con el 21.56% los ingresos. El capital local se distribuye de la siguiente forma:
Corporaciones puertorriqueñas por área de producción y
por ciento del ingreso total (2006)
Tipo de Corporación Área de Producción   Total de ingresos (revenues) 2006 $29.29 billones
%
Instituciones Financieras   21.56
Venta al por mayor            18.97
Venta al detal                     14.18
Seguros                                9.74
Servicios                               8.89
Automóviles                          7.40
Manufactura                          4.98
Cuidado de salud                  4.68
Agricultura                             0.63
Fuente: Caribbean Business, (2006).

Las corporaciones anteriores están encabezadas por el Banco Popular quien informó 2,810 billones de dólares en ingresos (revenues) y emplea 7,497 personas. Las 400 corporaciones locales emplean 150,500 personas o el 12% de todos los trabajadores y el 20% de los empleados privados (Caribbean, 2006: 104). Como se observa, el capital local sí posee fortaleza, pero se encuentra en áreas intermediarias y dependientes del capital norteamericano. Muy pocas empresas se dedican a la producción para el mercado interno y menos aún para la exportación. A diferencia del capital extranjero, los dueños de estas corporaciones y sus familias habitan en Puerto Rico y disfrutan de un estilo de vida y un
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acceso al consumo muy lejano al de la mayoría de la población. Este grupo forma parte del 2% de las familias que controlan la mayor parte de los ingresos y riquezas del país.
No todos pierden en la crisis: consumo y pobreza
La sociedad puertorriqueña es una altamente consumista. En el 2004 las ventas al consumidor fueron de 32.78 billones de dólares y crecieron más que en Estados Unidos. Los gastos del consumidor como por ciento del ingreso son más del doble que en Estados Unidos, ello debido al gran endeudamiento de los puertorriqueños. Tiendas como Wal-Mart, JCPenney, Sears y KMart informan que el mercado de Puerto Rico es de los más productivos para sus cadenas. Entre los vendedores de mercancías, Wal-Mart ocupó la primera posición con 13 tiendas y ventas brutas de 614 millones de dólares en el 2006, siguiéndole en orden descendente: Sears, con 10 tiendas y 420 millones de dólares, KMart con 403 millones de dólares y Pitusa con 254 millones de dólares. Estas cuatro cadenas emplean 11,120 personas, la mayor parte de ellas a tiempo parcial, y tuvieron ventas en conjunto de 1, 691,560 millones de dólares en el 2006. Se destaca entre ellas Pitusa, que es una cadena de tiendas que tuvo su origen vendiéndole a los sectores pobres y que aún hoy día sigue sirviendo mayormente a este sector. Todas estas tiendas pertenecen a extranjeros, aunque los dueños de Pitusa residen en Puerto Rico (Caribbean, 2006: 240).
Como señaláramos en la primera parte de este ensayo, el crecimiento económico que no crea empleos suficientes y que tiene un sistema educativo y administrativo deficientes, no contribuye a disminuir las desigualdades. Por tal razón el lento crecimiento económico de las pasadas décadas, ha tenido también una lenta disminución de la tasa de pobreza, que aún se mantiene sobre el 44% de la población. En resumen, entre las características que distinguen la situación que enfrentó Puerto Rico en el 2007 se encuentran:
1. Un creciente endeudamiento del Estado. Entre 1995 y el 2005 la deuda pública aumentó de $25.6 billones a $36.4 billones, excluyendo la deuda de $7.1 billones que se pagan de otros fondos (por ej. Trust de los Niños, Tabaco) (GAO, 2006: 57).
2. La degradación del crédito del ELA Puerto Rico por parte de las empresas calificadoras y la exigencia de que se pusieran en marcha políticas de recortes y privatización en el
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Estado, que fue parte de las acciones ordenadas por el capital norteamericano, a fin de garantizar sus inversiones.
3. Una recesión que provoca un continuo deterioro de la economía. La recesión estuvo acompañada del aumento del precio del barril de petróleo a más de $70.00, y aumentos de los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, los peajes, el teléfono, y los alimentos. A tales aumentos hay que añadir el 7% de impuestos (IVU) por concepto de la reforma impositiva; y por tanto, la pérdida del poder adquisitivo de los sectores medios y bajos que no han tenido aumentos salariales.
4. La pérdida de empleos en la manufactura y la contracción de los empleos en el gobierno. Se registró una reducción de 28,700 empleos netos en 2006 y una baja de 3.2 en la tasa de participación, ésta se encuentra en 46.8%. En el 2006 se registró una pérdida de 7,600 empleos en la manufactura y un descenso en la nómina pagada. (Banco Popular, 2006: 3)
5. Un aumento en la organización social comunitaria, en las organizaciones de base (ONG) que poco a poco van ganando experiencia en la estructuración de proyectos comunitarios que reafirman la solidaridad y le apuestan a que es posible un mejor futuro.
6. El aumento también de la incertidumbre, el desánimo y la actitud pesimista por parte de un amplio sector de la ciudadanía.
7. La merma de los ingresos del Fondo General del ELA y la existencia de un déficit que excede los 325 millones de dólares en el presupuesto gubernamental (Banco Popular, 2006: 1).
8. Un aparente aumento en la dependencia de fondos federales para cuadrar ingresos gubernamentales y para el mantenimiento de los sectores de mayor pobreza. En el 2006 la transferencia se estimó en 14 billones de dólares. A este total sin embargo, deben restarse cuatro billones que fueron devueltos por el gobierno de Puerto Rico por concepto de seguro social, seguro por desempleo y Medicare. También deben de restarse las transferencias recibidas por concepto de derechos adquiridos por fondos de pensiones de jubilados, seguro social, salarios de empleados federales, pensiones de soldados y seguro de salud para pensionados, lo que reduce las transferencias directas como ayudas a individuos a un 22% de las transferencias (Irizarry Mora, 2007: 32).
9. Una reducción de la tasa de pobreza a 44.7% en el 2005 y de las personas que reciben transferencias directas del gobierno
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(PAN) a 1, 037,234 participantes en el 2006, en conjunto con un aumento de la tasa de desigualdad. Esta reducción, se produce en el contexto de la recesión, lo que produce muchas interrogantes.
10. Un incremento en la emigración de todos los sectores sociales, y la pérdida de cuadros profesionales necesarios para el futuro desarrollo del país (por ej.: ingenieros, médicos, maestros, enfermeras).
11. Unos partidos políticos en el poder que eluden hacer frente al problema de la desigualdad y a los problemas estructurales de la economía. Pese a que en el cuatrienio del 2001-2004 se creó el Programa de Comunidades Especiales y se le dio atención al problema de la pobreza, los remedios estructurales necesarios no se han establecido y en el cuatrienio del 2005 la atención a la pobreza disminuyó grandemente.
El problema de la desigualdad en Puerto Rico: Distribución de ingresos
Los factores antes señalados son algunos de los más importantes que inciden en las condiciones de pobreza y desigualdad social que prevalecen en Puerto Rico. Si tomamos en consideración los indicadores de medición del Índice de Desarrollo Humano del PNUD, Puerto Rico tiene características que le colocan por encima de la mayor parte de los países latinoamericanos. El Producto Nacional Bruto, el PIB, las tasas de estudiantes graduados de universidad, y las condiciones de infraestructura sobresalen frente a los indicadores de la mayor parte de los países caribeños y de muchos del continente. No obstante, diversos analistas (como Segarra, CEPAL, Enchautegui, Kicinsky y Sotomayor) coinciden en que la desigualdad de clases en la distribución del ingreso y la riqueza es muy profunda en Puerto Rico.
Puerto Rico presenta una estructura social altamente polarizada. Según un informe especial de CEPAL sobre Puerto Rico (2004), su desigualdad es mucho mayor que la de Estados Unidos, país con el índice mayor de desigualdad entre los desarrollados. En Estados Unidos el 20% más rico recibía el 51.65% del ingreso nacional, mientras que en Puerto Rico recibía el 59.9%. El 20% más pobre recibe en EE.UU. el 3.4%, del ingreso en Puerto Rico el 1.7%. Si se compara el coeficiente de desigualdad Gini de Puerto Rico con los países de América Latina, la distribución de ingresos de Puerto Rico es peor que la de 13 de ellos. Sólo los más desiguales –Paraguay, Nicaragua, y Brasil–, están por encima de Puerto Rico (Kliksberg Rivera, 2005: 23, 24).
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Coeficiente de desigualdad Gini por país y año
País                               Índice                 Año
Puerto Rico                    0.574               1999
Bolivia                             0.447               1999
Chile                                0.567              1998
Colombia                         0.571              1996
Costa Rica                       0.571              1997
Ecuador                           0.459              1995
Nicaragua                         0.437             1998
Paraguay                           0.603            1998
Guatemala                         0.577            1998
Brasil                                  0.558            1998
Estados Unidos                 0.476             1999

Estudios anteriores, como el llevado a cabo partir de los datos censales, y la información suministrada por los contribuyentes y por la Junta de Planificación sobre el ingreso familiar entre 1960 y 1990, que demostró lo siguiente:
Las conclusiones del presente estudio se derivan de un análisis ponderado de la estimación de una gran variedad de coeficientes de desigualdad en la distribución del ingreso. La mayoría de las medidas de dispersión estudiadas demuestran consistentemente que, con excepción del año censal 1980, ha habido un continuo deterioro de la distribución del ingreso en Puerto Rico a nivel agregado. El análisis realizado a través de las curvas de Lorenz y del coeficiente de Gini para las distribuciones de ingresos informadas por los contribuyentes, antes y después del pago del impuesto, no encontró evidencia de que después de la reforma de 1987 hubiese mejorado la equidad. La tendencia hacia una mayor desigualdad del ingreso ha ocurrido a pesar de los cambios estructurales de la economía de Puerto Rico acaecidos como resultado del proceso de industrialización y del gran flujo de transferencias del Gobierno Federal. (En Colón, 2005: 270.)
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En un ensayo escrito por los economistas E. Kicinsky y O. Sotomayor, se analizan las características demográficas de la población a partir de los datos del Censo de 1990 y se observa que cuando se comparan los ingresos de los años 1969, 1979 y 1989, incluyendo y excluyendo los pagos de transferencias, las pequeñas bajas en las tasas de pobreza desaparecen.
Señalan además que durante la década de los setenta, las reducciones son reemplazadas por aumentos del 4.2% al 21.6% en la tasa de pobreza; y que si se ignoran los pagos de transferencia la pobreza hubiese aumentado significativamente durante la década de los setenta y se hubiese mantenido constante durante la década de los ochenta.
Kicinsky y Sotomayor (1999) observaron que en 1979 el 20% de la población más pobre recibió menos del 2% del ingreso total del país, mientras que un 20% de la población más rica acaparaba el 53.7% del ingreso. En la década de los ochenta la condición se mantuvo con una leve diferencia.
Sotomayor (1998) por su parte, realizó un análisis económico de la distribución del ingreso en Puerto Rico basándose en los datos censales y utilizando la curva de Lorenz y otros índices para medir la desigualdad. En su libro, Poverty and Income Inequality in Puerto Rico, 1970-1990, encontró que aunque los índices de pobreza disminuyeron en esas décadas, factores como las transferencias federales y el seguro social alteraron los resultados. Sotomayor señala que en el sector más pobre de la población, que no posee miembros trabajando, hubo una declinación en los niveles de desigualdad probablemente debido a un aumento de ingresos por el acceso a los cheques de alimento, y no como consecuencia del aumento de empleos (Colón, 2005: 271-72).
Eileen Segarra, por su parte, en un estudio sobre la distribución del ingreso devengado en el 1990 y el 2000, llega a conclusiones semejantes a las de Sotomayor y otros autores. Segarra concluye que al comparar los datos de ingresos censales del 1989 y el 1999 se observa que en el 1989 el 66% de los hogares informó un ingreso devengado positivo y en el 1999 éste se redujo a 64%. A partir de estos datos la investigadora señala que la decila más alta se ha vuelto más rica, mientras que los sectores intermedios han empeorado su posición, los trabajadores pobres han mejorado su posición, pero los hogares más pobres han empeorado debido a la falta de empleo. A partir de su análisis Segarra concluye que la década de los noventa trajo consigo un aumento en la desigualdad de la distribución del ingreso, sobre todo entre aquellos grupos con bajos niveles de educación (Segarra, 2007: 57).
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Contradictoriamente, la década de los noventa fue una en la que los indicadores de la economía relacionados con la construcción, las ventas y la producción mostraron crecimiento. Buena parte del mismo estuvo sustentado por los megaproyectos, basados en la emisión de deuda del gobierno (supertubo, tren urbano, reforma de salud, autopistas, Coliseo de Puerto Rico).
Los datos del Censo del 2000 apuntaron a una reducción de la tasa de pobreza de un 10.7%, tanto entre las familias como entre los individuos en la década de los noventa. Esta reducción resulta sorprendente, si tomamos en consideración que en las décadas de los setenta y ochenta la tasa de pobreza entre individuos se había reducido en un 2.8% y un 3.5% respectivamente. Igual situación ocurre cuando observamos el número de familias viviendo bajo los niveles de pobreza entre 1970 y el 2000. Entre el año 1970 y el 1980 hubo una reducción de 1.6 %; entre el 1980 y el 1990, de 2.7% y; entre el 1990 y el 2000, de 10.7%.
Al analizar cómo se reparte la pobreza a través de los municipios, en el 1999 se observa que aunque el ingreso per cápita para Puerto Rico era de $8,185, el 82.1 % de los municipios (64) tenía un ingreso per cápita por debajo del promedio nacional. El municipio que reflejó el ingreso per cápita más bajo lo fue Lares ($4,634) y, siguiéndole en orden ascendente: (1) Orocovis ($4,637); (2) Comerío ($4,972); y (3) Adjuntas ($4,975).
El municipio con el ingreso per cápita más alto era Guaynabo con $16,287 y con la tasa de pobreza más baja, 28.3%; seguido por San Juan, con un ingreso per cápita de $12,437; Trujillo Alto, con $10,936; Carolina, con $10,511; Ceiba, con $9,256; y Bayamón con $9,234. En todos los municipios el ingreso per cápita mostró por lo menos una duplicación y las primeras 10 posiciones se mantuvieron iguales con excepción de Caguas y Cataño que bajaron levemente de posición.
Al analizar la tasa de pobreza entre las familias, encontramos que el 46.3 % tenía ingresos menores a los $15,000 al año y un importante 31.4% ingresos menores a los $10,000 anuales. Si analizamos estos datos por municipio encontramos que el 62.8 % de los municipios tenían más del 50% de sus familias con ingresos menores a los $15,000 al año. Un 17.9% son municipios que tenían el 40% o más de sus familias con ingresos menores a los $10,000. También encontramos que un 78.2% de los municipios tenían más del 30% de sus familias con ingresos menores a los $10,000 al año.
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Ingreso familiar en Puerto Rico en el 1999
Ingreso                      % Familias          % Acumulado
Menos de $10,000     31.4                     31.4
$10,000-14,000          14.9                    46.3
$15,000-24,999           20.1                   66.4
$25,000-34,999           12.3                   78.7
$35,000-49,999           10.0                   88.7
$50,000-74,999            6.4                    95.1
$75,000-99,999            2.3                    97.4
$100,000-149,999        1.5                    98.9
$150,000-199,999         0.4                   99.3
$200,000- o más           0.7                   100.0
Total de familias: 1,008,555
mediana ingreso familiar
$16,543
Fuente: Negociado del Censo Federal, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000.
La pobreza en el siglo XXI: Perfil poblacional
En el 2004 el Departamento del Trabajo llevó a cabo una Encuesta de Ingreso Monetario del Hogar, a partir de la misma se entrevistaron 1,110 viviendas. El ingreso monetario familiar medio en Puerto Rico, a precios corrientes, ascendió a $25,450 y la mediana del ingreso monetario ascendió a $15,713, a precios corrientes, durante el 2003. Esta encuesta reveló una reducción en la tasa de pobreza a 40.79% de la población, sin embargo aclaran que al considerar los estimados de pobreza por intervalo, la reducción no es estadísticamente confiable. A su vez, de acuerdo a información provista por el secretario del Trabajo, Román Velasco, en el 2007 el salario mínimo ($5.15 hora) hace diez años que no se aumenta y su poder adquisitivo ha disminuido a $2.10 a precios corrientes.
El Índice de desigualdad Gini fue calculado para la distribución del ingreso de la Encuesta de Ingreso Monetario de 1999 y se calculó en 0.558 (este número es diferente al de la UNESCO) y se mantuvo igual, en 0.558, para la encuesta de 2003, lo que a su juicio indica que en Puerto Rico persiste una gran desigualdad aunque haya una reducción en la tasa de pobreza (Dpto. del Trabajo, 2006: 5).
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En el 2005 el Censo Federal llevó a cabo una encuesta sobre la comunidad, en la misma se determinó que el 44.9 % de la población en Puerto Rico se encuentra bajo niveles de pobreza, ello es equivalente a 1,718, 373 personas. Entre los sectores que viven en mayor pobreza se encuentran los niños. El 54.7% de los menores de 18 años de edad se encontraba bajo niveles de pobreza en el 2005. Es preciso aclarar que la cantidad de niños en Puerto Rico se ha reducido en la pasada década. En el 1999 la cantidad de niños era la misma que en 1950. Las personas menores de 18 años representaban el 50% de la población en 1950 y el 29% en el 1999 debido al control de la natalidad y a la emigración.
En el 2000 el 27% de las familias estaban encabezadas por mujeres jefas de familia con niños. Las familias encabezadas por mujeres bajo pobreza aumentaron en 12% y el ingreso promedio de las mismas era de $6,888.00. A su vez, el 71% de los niños de estas familias estaba bajo niveles de pobreza. Entre los territorios y estados norteamericanos, sólo Samoa tiene una tasa de pobreza infantil más alta que Puerto Rico. La tasa de pobreza infantil en Estados Unidos es de 16%.
En San Juan el 41% de las familias estaban encabezadas por mujeres, aunque el Censo del 2000 demostró que en 77 de los 78 municipios aumentó el número de familias encabezadas por mujeres solas. Las cifras anteriores hablan de la baja tasa de incorporación de las mujeres en el trabajo que aún persiste. También es evidencia de la crisis de la familia tradicional y de la ausencia de los hombres en la responsabilidad de la crianza y cuido de niños.
Como hemos visto, el perfil de la población puertorriqueña cambia y cada día son más los que entran en la vejez. En el 2005, el 44.1% de la población de 65 años o más estaba en condiciones de pobreza. De igual forma aumentan las transferencias federales relativas al seguro social y el Medicare que suelen englobarse con la totalidad de fondos, aunque son ahorros de los trabajadores puertorriqueños.
En términos de la fuerza laboral civil de 16 años o más, la encuesta reveló que sólo el 21.8% de las personas bajo niveles de pobreza se encontraban empleados. Entre las personas de 16 años o más que viven bajo pobreza: el 57.5% informó no haber trabajado, el 10.3% que trabajaron a tiempo completo en los últimos 12 meses y el 61.6% informó que trabajaron menos de tiempo completo.
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Con relación a las características educativas de la población de 25 años o más bajo niveles de pobreza la encuesta reveló lo siguiente:
Características educativas de la población de veinticinco años o más (2005)
Menos de un diploma de escuela secundaria:  61.5%
Graduada de escuela secundaria (incluye equivalencia) 44.8%
Algunos créditos universitarios o título asociado :29.1%
Título de bachiller universitario o título más alto:10.1%
Como se observa, uno de los problemas de las personas bajo niveles de pobreza es la falta de educación secundaria, pero la educación no garantiza salir de la pobreza a los que se graduaron de escuela superior e incluso a un diez por ciento que tiene título universitario (Censo, Condición de pobreza: 2005).
En las pasadas décadas en Puerto Rico se han constituido unos sectores medios y profesionales con altos ingresos y una burguesía o clase empresarial con muy altos ingresos y capital. De acuerdo al Censo del 2000 éste es un grupo proporcionalmente muy pequeño. Sólo alrededor de 27,000 familias informaron ingresos mayores de $100,000 equivalentes al 2.6% de las familias. A su vez, en el 2004 el Secretario de Hacienda informó que sólo quince mil personas y parejas informaron ingresos de cien mil dólares o más.
Empleo y desempleo
Entre los problemas centrales de los sectores pobres se destacan el desempleo y el subempleo. Todos los análisis económicos coinciden en que Puerto Rico no ha logrado crear los empleos necesarios para la mano de obra disponible y que éste junto a los bajos salarios, es uno de los factores que más contribuye a mantener las altas tasas de pobreza. De acuerdo a la Encuesta de Hogares realizada por el Departamento del Trabajo la tasa de participación para mayo de 2007 era de 46.4%. Por otra parte, el número de personas fuera del grupo trabajador en mayo de 2007 se estimó en 1,619,000, lo que representa al comparar con mayo de 2006 un aumento de 61,000 personas. Las cifras sobre la situación de empleo y desempleo para mayo de 2007 muestran una reducción en el empleo y un aumento en el nivel de desempleo. La tasa de desempleo para mayo de 2007 era de 10.6%. El Departamento del Trabajo también informó que el número de personas empleadas en
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mayo de 2007 era de 1,255,000. Esto representa veinte mil empleos menos al compararse con abril de 2007 (1 275 000).
La distribución por grupo ocupacional para mayo de 2007 fue la siguiente: profesionales, ejecutivos y gerenciales, 32.1%; técnicos, vendedores y personal de apoyo administrativo, 26.4%; trabajadores de servicios, 15.7%; operarios y relacionados, 11.2%. El restante 14.6% corresponde a artesanos, capataces y relacionados; trabajadores agrícolas y obreros de trabajo general.
De acuerdo al informe de Empleo y Desempleo de enero del 2006 había 1, 162,000 personas trabajando, de éstas 640,000 personas trabajaban menos de cuarenta horas semanales. Aunque no sabemos los salarios recibidos, éste es uno de los factores que abonan a la pobreza de la fuerza trabajadora.
Otra de las características que se observa en la fuerza laboral de Puerto Rico es la exclusión de los grupos no educados del sector empleado. De acuerdo al informe de empleo y desempleo de mayo de 2007, la distribución porcentual del empleo por nivel educativo señalaba que el 47.2% de las personas empleadas tiene un grado universitario. El restante grupo trabajador tiene las siguientes características: con estudios postsecundarios sin grado, 12.0%; con diploma de escuela superior, 26.8%; con uno o dos grados de escuela superior, 3.3%; con nivel intermedio, 5.0%; y con nivel elemental, 3.4%. El 0.2% de las personas empleadas no tiene ningún grado escolar y el 2.1% no informó grado alguno. Las características mencionadas son altamente preocupantes, sobre todo si tomamos en cuenta que más del 40% de la población de 25 años o más no ha terminado la escuela superior (Depto. del Trabajo, 2007: 1).
Los fondos federales y la pobreza
Uno de los planteamientos que más se escuchan con relación a los pobres en Puerto Rico es que su existencia es causada por las ayudas directas que brinda el gobierno federal. Tales explicaciones olvidan los niveles de desempleo y el número creciente de personas que informan padecer de alguna condición de impedimento. El pasado Censo informó que alrededor de 900,000 personas informaron tener algún tipo de impedimento. Es altamente preocupante que entre este grupo los niños constituyen más de 100,000 de los mismos. Estos representan el diez por ciento de los niños entre los cinco y los veinte años. Las razones de tales impedimentos no han sido estudiadas, pero si sabemos que entre los sectores pobres hay un enorme sector con problemas de salud mental.
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Resaltan entre ellos problemas de depresión profunda y adicciones. Es importante puntualizar que después de cuarenta años de la presencia del uso de drogas fuertes, sería necesario investigar cuántos de estos niños son el resultado de dos o tres generaciones de uso de drogas. Desde esta perspectiva estaríamos frente a un grave problema de salud física y mental.
En el 2004 el gobierno federal invirtió 5,668 billones de dólares en el pago de retiro (seguro social, desempleo, pagados previamente) y pago de compensación por incapacidad. A su vez invirtió, 2,999 billones de dólares en pagos directos que incluyen el PAN, TANF, becas, Plan 8, WIC, entre otros, que son ayudas que van directamente a los sectores pobres. En preciso aclarar que en la pasada década se ha observado una disminución relativa en el número de personas que reciben la ayuda del PAN y del TANF, aún en los momentos de recesión. También ha habido una disminución en la cantidad global de fondos asignados a los sectores bajo pobreza. Los recortes comenzaron durante la gobernación de Rosselló en los noventa como parte de la reforma del welfare state y de las políticas neoliberales de su gobierno. Durante la gobernación de Sila Calderón los recortes se frenaron, pero continuaron las políticas federales de reforma. El número de participantes continuó descendiendo como por ciento de la población total.
La política de elegibilidad ha cambiado para incluir personas que reciben el seguro social y personas que trabajan en la agricultura. En el periodo 2004-2005, 1,049,136 personas recibían el PAN, lo que constituía el 27.0% de la población si tomamos como base la población estimada por el Censo Federal en el 2005 de 3,829,719 personas. En el 2005-2006, el número de personas que recibían ayuda del PAN era de 36.9%, éstas representaban el 62.3% de las personas que viven bajo niveles de pobreza. Los fondos asignados fueron de $1,329,857,088 y $1,412,694,137 respectivamente (Administración de Desarrollo Socioeconómico, 2006: 1).
Resulta contradictorio que en plena recesión y con una disminución del número de empleos, la pobreza se esté reduciendo como nunca antes en la historia y esto parecen ser buenas noticias. Sin embargo, como hemos expuesto, la tasa de desigualdad continúa en aumento y el número de empleos continúa en descenso. Podríamos inferir que una posible respuesta está en la alta proporción de personas que está emigrando. Otra posible respuesta, no tan halagadora, es que el grupo que no recibe ayudas, ni trabaja en la economía formal, se está incrementando. Por lo tanto el sector de la economía subterránea e informal, no contabilizado, tiene una importancia mayor de la que podemos calcular.
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La Oficina de Comunidades Especiales: Un experimento social inconcluso
En esta última parte del ensayo incluiré una síntesis de lo que fue el programa denominado Comunidades Especiales, dedicado a crear un nuevo modelo gubernamental de intervención en las comunidades pobres de Puerto Rico. Durante cuatro años tuve la oportunidad de crear una nueva agencia y poner en marcha este proyecto para atender el problema de la pobreza en nuestro país. Las lecciones aprendidas fueron muchas; la posibilidad de poner en acción aquello que tradicionalmente analizamos y teorizamos desde la Academia fue también un gran reto. Para efectos del ensayo sólo incluiré algunos datos, pues esta historia aún está por escribirse.
La gobernadora Sila Calderón firmó su primera ley el 1 de marzo del 2001 creando la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y la Autogestión, también conocida como la Oficina de Comunidades Especiales. Su objetivo era trabajar con la búsqueda de soluciones al enorme problema de la pobreza en Puerto Rico, que no había sido atendido de forma efectiva en los pasados cuarenta años. El nombre de Comunidades Especiales provino de un programa que la Gobernadora había creado en San Juan, cuando fue alcaldesa de la capital.
La OCE no esperaba, ni prometía, finalizar milagrosamente con la pobreza en Puerto Rico, pero se puso mucha creatividad y esfuerzo en ir adelantando el camino hacia una mejor calidad de vida en las comunidades, con los recursos que se asignaron. Esta nueva agencia no estuvo exenta de controversias de distinta naturaleza. Entre ellas se destacaron aquellas de índole ideológica, pues había quienes entendían que este programa despilfarraba los fondos estatales. A otros no les gustaban los rótulos de las comunidades porque les recordaban que están rodeados de pobres. A diversas personas de los sectores sociales altos y medios les resultó insólito que se les recordara que en Puerto Rico hay pobreza o peor aún, que se le asignara un billón de dólares del pueblo para comenzar a atenderla. No les resultó insólito sin embargo, que la administración anterior gastara millones de dólares en la construcción de un coliseo, o en un supertubo (mil millones) para darle agua a Dorado y Toa Alta, donde se construyeron viviendas para millonarios, o en construir infraestructura para que las grandes corporaciones exporten sus ganancias reinvirtiendo muy poco en el país. Ese dinero fue considerado bien invertido, pues se convierte en ganancias para los desarrolladores, para quienes viven en las lujosas residencias y para las mega corporaciones.
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Igualmente hubo quién señalara que el programa se utilizó como instrumento político porque se daban cursos de “educación popular” y que, por culpa de la decisión de atender las comunidades pobres, el crédito de Puerto Rico se puso en peligro. Estas personas pasan por alto que la deuda per cápita del país es la segunda de América, que el gobierno debe cerca de cuarenta billones de dólares y que éste colocó su crédito en peligro hace más de quince años en los que estuvo bajando la clasificación de sus bonos al hacer préstamos para el pago de gastos recurrentes. Esos fondos no los invirtieron en las comunidades pobres, y precisamente por esa razón se encuentran en tan terribles condiciones físicas y sociales.
Los objetivos de la OCE
La Oficina de Comunidades Especiales fue un experimento que se amparó en un nuevo paradigma para hacer frente a la dependencia y a la falta de democracia y de participación de los sectores populares en la toma de decisiones. Además de un proyecto de justicia en la inversión de los recursos económicos del país, fue un proyecto de educación popular y de construcción de capital social; y digo proyecto en todo el sentido de la palabra, pues éste fue el inicio de un proceso que es muy largo, costoso y difícil, y que además estaba haciéndose desde el Estado. Sólo sufragar la infraestructura necesaria para esas comunidades, supera por mucho el billón de dólares asignado. En el aspecto social no podemos contabilizar cuánto hay que invertir para construir comunidades saludables y libres de los estragos que provocan la desigualdad y la pobreza.
La verdad es que en nuestra isla buena parte de los políticos y de la opinión pública, mal creada y peor informada, no tiene interés en que se inviertan los recursos del país en resolver su mayor problema estructural. Hacer frente al problema de la desigualdad social y la pobreza, implica encarar el eterno problema de una economía incapaz de crear empleos bien pagados. Es necesario también, encarar la pésima distribución de ingresos y las difíciles condiciones que generan la dependencia política, psicológica y económica en el país. Más aún, implica hacer frente a la ideología clasista e individualista, que amparada en una crítica light a la dependencia de los pobres, utiliza las premisas “maltusianas” y neoliberales que asumen que los pobres nacieron en un mundo ya repartido, y por tanto, no se merecen que se invierta en ellos. Finalmente es importante enfrentar las actitudes fundamentadas en la ideología de la “dependencia cuponera”, el “me
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tienen que dar”, sin aportar nada a cambio ni tener responsabilidad con respecto a la comunidad y el país, que expresan muchos de los residentes de las comunidades. Esta actitud posibilita que los políticos utilicen a los sectores pobres como balón para sus intereses inmediatos a cambio de su voto y lealtad política, y no respeten sus necesidades y condiciones.
La OCE se inscribe en el contexto de un Estado reformista, agitado por los recortes del welfare state norteamericano y como parte de las políticas del Partido Popular. Desde esa perspectiva tuvo y tiene todos los obstáculos que se generan en dicho contexto.
Las características de las comunidades especiales: Indicadores socioeconómicos
Conforme la ley habilitadora, una Comunidad Especial es definida como un sector delimitado geográficamente, donde prevalecen familias de escasos recursos con acceso desigual a los beneficios del desarrollo económico y social que disfrutan otros grupos poblacionales del país. Entre las variables consideradas para esta definición se encuentran: alta tasa de deserción escolar; alta tasa de analfabetismo; alta proporción de familias viviendo por debajo de los niveles de pobreza (según definido por el Negociado del Censo Federal); alta tasa de desempleo; problemas ambientales; ausencia de servicios básicos; pocas destrezas laborales; ausencia total o parcial de infraestructura y servicios básicos; alta proporción de viviendas inadecuadas; ausencia de títulos de propiedad; y alta concentración de problemas psico-sociales.
Trabajar para resolver el problema de la pobreza empieza por entender la dimensión del mismo. Por esa razón cuando comenzamos en el 2001, lo primero que hicimos fue analizar las características físicas y socioeconómicas de las Comunidades Especiales. Acorde con los indicadores anteriores se identificaron 686 comunidades en la Isla. Entre las comunidades existían 137 arrabales o comunidades urbanas espontáneas en Puerto Rico. Estas áreas se caracterizan por ser comunidades que se originaron en su mayoría, hace más de sesenta años a través de una ocupación no planificada de terrenos que no eran propiedad de las personas que allí construyeron sus viviendas. Son zonas sujetas a un gran prejuicio y exclusión social. Están localizadas en áreas físicas no adecuadas y generalmente tienen problemas estructurales en la construcción de las viviendas y en la infraestructura. Proliferan en ellas las actividades informales, algunas de naturaleza ilegal, el desempleo y la pobreza. Las regiones que tienen el número
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mayor de tales comunidades lo son: la zona metropolitana de San Juan–Guaynabo, con 39 comunidades; Ponce, con 19; y Aguadilla, con 17. Debe destacarse que algunas de estas comunidades, requieren inversiones de más de treinta o cuarenta millones de dólares para ser debidamente estructuradas. También encontramos entre las comunidades, veintidós rescates de o invasiones de tierra, que tenían entre ocho y quince años de existencia y en las que no había servicios de agua, electricidad, teléfono y carreteras.
La OCE llevó a cabo un Censo para producir el perfil socioeconómico de cada una de las 686 comunidades. Se realizaron 67,000 entrevistas, siendo éste el censo más abarcador que se haya hecho en la historia de Puerto Rico. Los indicadores socioeconómicos nos muestran que en las comunidades todos los problemas relativos a la pobreza son los característicos del país pero con sus particularidades. El 35% de la población está constituido por menores de 19 años y el 17.7% por mayores de 60 años de edad. Es significativo además que el 38% de los hogares está encabezado por mujeres solas, 31% de las cuales son viudas. En términos de la escolaridad, el 36% de la población tiene escuela superior, 7% bachillerato y 7% un grado asociado, pero un significativo 43% de la población de 25 años o más no completó la escuela superior.
Los problemas educativos abonan a la problemática del desempleo. El 28% de la población de las comunidades está desempleada y el 58% está fuera de la fuerza laboral. No obstante, un 9% de las personas afirmaron tener un empleo irregular en actividades como preparación de alimentos, confección de ropa, trabajo de construcción, etc. En términos de los ingresos el 38% de los hogares tienen un ingreso mensual de menor a los $500.00 y el 28% entre los $500 y los $1,000, es decir que el 66% de los hogares tiene ingresos mensuales menores a los $1,000. Distinto a lo que pueda pensarse, sólo en el 35% de los hogares informó que recibían los beneficios del Programa del Pan. Estos perfiles proveen una información valiosa para quienes deseen planificar soluciones específicas y servicios que respondan a las necesidades de cada comunidad.
La implantación del Modelo de Apoderamiento y Autogestión
El programa de la OCE se basó en la implantación de un modelo de acción comunitaria: El País Posible, Modelo de Apoderamiento y Autogestión, que tenía el propósito de estimular el fortalecimiento
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de la capacidad organizativa y la construcción de capital social entre el liderato voluntario en las comunidades. Dicho modelo descansa sobre tres pilares: la organización para el desarrollo socio-económico comunitario a través de la autogestión y el apoderamiento; el esfuerzo interagencial gubernamental para el servicio de las comunidades y; la inversión gubernamental en infraestructura y viviendas para mejorar la calidad de vida en las mismas. A su vez se creó un plan estratégico de seis años al que se le dio seguimiento.
La Oficina de Comunidades Especiales no se creó como una oficina de gobierno más para regalar cosas. La organización comunitaria fue sin duda alguna, uno de los mayores retos, ya que sin la participación ciudadana la misma no habría sido posible. Este proceso de educación y capacitación de adultos fue un esfuerzo novedoso que merece una especial atención. Llegaron a constituirse 668 juntas comunitarias y se organizó el Programa Nacional de Formación de Líderes Comunitarios en el cual a diciembre de 2004, habían participado 2,225 líderes de talleres de 30 horas y otros 5,000 habían participado de talleres de 8 horas. Estos talleres fueron una importante herramienta para educar y fortalecer las destrezas democráticas de los líderes comunitarios en materia de organización, liderato, procedimientos parlamentarios, manejo de conflictos, identificación de recursos externos, elaboración de propuestas y la autogestión económica y social. Fruto de este esfuerzo fue la creación de la Alianza de Líderes Comunitarios que se mantiene viva y firme en la lucha por los derechos de las comunidades.
A través del trabajo interagencial se logró incorporar a las agencias del gobierno en el trabajo directo en las comunidades, asunto nada fácil para burócratas que se conciben como empleados de escritorio de ocho horas. Agencias como el Instituto de Cultura, los Departamentos del Trabajo, Salud y Educación, entre otras, crearon programas dirigidos al servicio a las comunidades. Se invirtieron treinta y cinco millones dólares en servicios y proyectos como: Expresarte a todo Rincón, Programa de Comunicaciones de la WIPR, Red de Jóvenes (500), excursiones y visitas culturales, Promotoras de Salud, Salud Compromiso de Vida, adiestramientos de empleo en la construcción, amas de llaves, técnicos de computadoras, técnicas artesanales de mosaicos y costura, y la creación de 10 cooperativas de producción y 35 microempresas, entre muchos otros proyectos, fueron el resultado de esta gestión.
Como parte del esfuerzo para promover el desarrollo económico comunitario, se crearon tres Centros de Apoyo a la Autogestión y el Desarrollo Económico Comunitario en Arroyo, San Juan y Mayagüez.
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Estos centros proveyeron talleres, espacio de trabajo y asesoramiento permanente gratuito a los interesados en establecer cooperativas, organizaciones sin fines de lucro o negocios individuales. Para reducir la brecha digital los centros cuentan con treinta computadoras cada uno y se otorgaron talleres para su uso. Con este mismo propósito se asignaron mediante la Ley para Reducir la Brecha Digital y el Proyecto La Tecnología A Tu Alcance, $2,000,000 para el año fiscal 2004-2005, a fin de lograr la instalación de computadoras en 150 centros comunales con acceso a Internet. En diciembre de 2004 se habían instalado en 90 comunidades.
La inversión en infraestructura
La Ley Núm. 1 que creó la OCE, estableció un fondo para la inversión en infraestructura en las comunidades. Entre el 2001 y el 2003 dicho fondo tuvo una asignación de 40 millones de dólares, proveniente del Fondo General. Estos recursos fueron gerenciados y monitoreados por la OCE y para diciembre del 2004 se habían terminado y estaban en proceso de construcción 440 proyectos (90% terminados). También se invirtieron otros $132 millones provenientes de otras agencias de infraestructura, y más de 70% estaban terminados en diciembre de 2004. Véase la Tabla 6.
Proyectos de infraestructura financiados por el fondo de inversión de la OCE en 2002-2003
Proyecto                                                       Total de proyectos
Áreas recreativas                                           44
Bibliotecas                                                      15
Buzones                                                          35
Canchas (incluye techados)                           74
Carreteras                                                      196
Centros comunales                                         71
Hidrantes                                                        32 (comunidades)
Servicio eléctrico                                             66
Servicio telefónico                                           29
Sistema de agua potable                                242
Vivienda                                                          91
Otros proyectos                                              86
Total                                                               981
Total de inversión:                                         $172,240.206.00
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Por supuesto este fondo no era suficiente para alcanzar a todas las comunidades y mucho menos para resolver sus enormes necesidades, por esa razón se creó el Fideicomiso para las Comunidades Especiales. Al fondo original de 40 millones de dólares se le sumaron 690 millones que se asignaron a la restauración y construcción de viviendas en 222 comunidades y 310 millones de dólares que se invirtieron en las otras 464, para obras de infraestructura ($500,000 promedio por comunidad), provenientes del Fideicomiso de los Mil Millones. El Fideicomiso se constituyó en una estructura administrativa aparte de la OCE y sus obras de construcción están a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del Departamento de la Vivienda. La OCE no administraba dichos fondos, pero las obras realizadas fueron escogidas por los asistentes a las asambleas comunitarias.
En tres años y medio de existencia la OCE tuvo logros importantes que se pasan totalmente por alto entre tanto ruido politiquero y publicitario. Como en todo proceso hubo errores y enmiendas que hacer, que no pretendemos ignorar ni esconder. Lamentablemente, detrás de las críticas, principal pero no exclusivamente a los proyectos gerenciados por el Departamento de Vivienda (algunas de ellas muy justificadas), se destruye una propuesta que debe permitir a los ciudadanos que habitan las comunidades especiales dejar de ser instrumento de los partidos políticos para ganar las elecciones.
Los problemas de la desigualdad social y la pobreza son de carácter humano, moral y de justicia económico-social. Es una falta de sensibilidad utilizar las necesidades humanas como objeto político y tratar los sectores pobres como ciudadanos de segunda. Para erradicar la pobreza es necesario incorporar la participación de la población en las decisiones que afectan sus vidas. Las personas y comunidades pobres deben descansar en su propia energía y creatividad para luchar y ganar la batalla contra la pobreza y la exclusión. Esta lucha debe darse en el ámbito de lo político, lo económico, lo social y en la materia de los derechos civiles de las personas pobres. La política de reformas y acciones debe permitir a la gente pobre ganar acceso a factores como la igualdad de género y al desarrollo del poder de las mujeres; a la creación de oportunidades de empleo y crédito; a la finalización de la violencia y el discrimen en su contra.
La reducción de la pobreza requiere de un crecimiento económico a favor de los pobres y en contra de la desigualdad social y por supuesto el Estado es responsable del mismo.
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